Ciudad de México, 29 de septiembre de 2025 — En medio de los retos globales en materia de seguridad alimentaria y cambio climático, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con la soberanía alimentaria, impulsando políticas públicas orientadas al fortalecimiento del campo nacional, la producción sustentable y el acceso equitativo a alimentos nutritivos.
Durante la inauguración del Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria 2025, autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) presentaron avances y estrategias para reducir la dependencia de importaciones de granos básicos como maíz, frijol, arroz y trigo. El objetivo, según señalaron, es garantizar que los alimentos que consumen los mexicanos sean producidos prioritariamente por el campo nacional.
Uno de los pilares clave es el programa “Producción para el Bienestar”, que ha brindado apoyo directo a pequeños productores en zonas rurales e indígenas, promoviendo prácticas agroecológicas y el uso de semillas nativas. Además, se destacó la importancia de rescatar saberes tradicionales, proteger la biodiversidad agrícola y garantizar precios justos para los campesinos.
“El alimento no puede ser visto solo como mercancía. Es un derecho y un componente esencial de nuestra soberanía como nación”, declaró el titular de SADER, Víctor Suárez Carrera, al señalar que la autosuficiencia en alimentos estratégicos es una prioridad para la seguridad nacional.
Expertos en alimentación, representantes de organizaciones campesinas y académicos coincidieron en la urgencia de transitar hacia sistemas agroalimentarios más justos, sostenibles y resilientes frente a fenómenos como la sequía, el encarecimiento de insumos y la especulación en mercados internacionales.
En 2025, México ha logrado avances significativos en la producción de maíz blanco, alcanzando niveles cercanos a la autosuficiencia, aunque persisten desafíos en rubros como el maíz amarillo, el trigo panificable y el arroz. El gobierno ha llamado a consolidar alianzas entre el Estado, productores y consumidores para garantizar el derecho a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente adecuada.
