Ciudad de Panamá / Washington, D.C., 26 de enero de 2026 — La violencia continúa siendo una amenaza profunda para la vida, la salud y el bienestar de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe, advierten la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF en una publicación conjunta que presenta datos actualizados sobre este fenómeno y las acciones necesarias para prevenirlo y atenderlo de manera integral.
El informe Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones revela que, entre 2015 y 2022, más de 53 000 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio en la región, lo que refleja la magnitud letal de la violencia en este grupo de población.
Según los datos más recientes, aunque la tasa de homicidios entre adolescentes varones muestra una ligera disminución —de 17.63 a 10.68 muertes por cada 100 000 entre 2021 y 2022— sigue en niveles elevados. En contraste, la tasa entre adolescentes mujeres se duplicó, al pasar de 2.13 a 5.1 muertes por cada 100 000 en el mismo periodo.
La violencia no se limita a los hechos letales. El documento destaca que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años son objeto de disciplina violenta en el hogar, mientras 1 de cada 4 adolescentes de 13 a 17 años experimenta acoso escolar, y casi una de cada cinco mujeres jóvenes ha sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Estos datos evidencian cómo diferentes formas de violencia se entrelazan y se intensifican con el tiempo.
Las causas de este fenómeno son complejas y multifactoriales. Factores como la violencia armada, el crimen organizado, el fácil acceso a armas de fuego, las profundas desigualdades sociales y las normas de género nocivas contribuyen a que los y las adolescentes enfrenten situaciones de riesgo que amenazan su integridad física y emocional.
Expertos de la OPS y UNICEF subrayan que la violencia tiene repercusiones duraderas en la salud física y mental de la infancia y la adolescencia, vulnerando su derecho a crecer en entornos seguros, tanto en el hogar como en la escuela y la comunidad. En este contexto, los sistemas de salud, educación y protección social deben desempeñar un papel central tanto en la prevención como en la respuesta a la violencia.
Para enfrentar esta problemática, el informe plantea soluciones basadas en evidencia. Entre las acciones propuestas se encuentran:
- Fortalecer y hacer cumplir leyes de protección integral para niñas, niños y adolescentes.
- Garantizar el control efectivo de armas de fuego, un factor asociado con altos índices de violencia letal.
- Capacitar a profesionales de salud, educación y justicia para identificar, atender y referir casos de violencia de forma oportuna y adecuada.
- Apoyar a padres, cuidadores y comunidades en prácticas de crianza respetuosa y libre de violencia.
- Invertir en entornos de aprendizaje seguros y fomentar servicios de apoyo para las víctimas y sus familias.
El informe fue validado durante una consulta ministerial regional celebrada en octubre de 2025, que reunió a más de 300 representantes de gobiernos y organizaciones de toda la región para acordar estrategias concretas destinadas a garantizar entornos más seguros para la niñez y la adolescencia en América Latina y el Caribe.
